El Congreso debe las respuestas de los contribuyentes sobre su fondo de hostigamiento ‘shush’

En la política vemos tantas cosas, de las cuales vemos y escuchamos quejarse muchas personas, como que los activistas de base se quejan de esa ley o de esa regulación. No es para todos un secreto que el mismo Congreso, exige cumplir leyes que ellos ni siquiera cumplen, imponiéndose sobre los ciudadanos, y esto no es solo de hoy en día, es un hecho que viene sucediendo desde muchos años atrás.

ObamaCare

Un claro ejemplo de ello, es la exención especial ilegal del Congreso ObamaCare. Esta permite evitar cargas financieras a todos los miembros y al personal del Congreso, es decir, la imponen al pueblo, pero ellos están exentos de cumplir con ella. Si tan solo, la ley les fuera aplicada a ellos, donde no tienen el beneficio del dinero de los contribuyentes con motivo de subsidiar sus primas compradas en intercambio fraudulento de micro empresas de DC, serían los primeros en votar para revocar dicha ley.

Después de la promulgación de la Ley de Responsabilidad del Congreso (CAA) en 1995, se creó el fondo shush del Congreso, el cual esta administrado por la Oficina de Cumplimiento.

Leyes laborales

Esta CAA fue el intento serio para que el Congreso se sometiera a cumplir varias leyes laborales, que eximían también anteriormente.

Con la CAA, al Congreso se le aplicó por primera vez doce leyes laborales, de las que se pueden mencionar: la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Estatuto de Relaciones de Administración del Trabajo del Servicio Federal, entre otros. El impacto al Congreso fue determinado, tal que, llegaron a abordar cargos de acoso sexual contra sus miembros y personal, sucesos que antes de la promulgación de la ley las víctimas no tenían ningún recurso legal para presentar quejas.

Asesoramiento obligatorio

De esta manera se crea la Oficina de Cumplimiento, por parte de la CAA, exclusivamente para tratar todos estos asuntos. Las víctimas podían reclamar comenzando un proceso de resolución de disputas, que conllevaba a un curso de asesoramiento obligatorio, que podía durar alrededor de un mes. Sin ese asesoramiento obligatorio, los denunciantes no podían recurrir a la mediación, la cual también puede durar hasta un mes. Dándose el caso, que la mediación no resuelva el problema, el denunciante podría ir a una audiencia administrativa, o en tal caso, presentar una demanda federal.

Todo esto, políticamente hablando, tiene su truco debajo de la manga, ya que si la disputa llegase a ser resuelta a favor del demandante, los fondos para el acuerdo no saldrán de la cuenta bancaria personal del culpable, ni de su cuenta de campaña, sino de una cuenta mantenida por la misma Oficina de Cumplimiento. Esto algo tan confidencial y secreto, que los propios contribuyentes no tienen conocimiento de qué están financiando.

Un artículo del Washington Post, relato que hubo 235 demandantes que llegaron a recibir una indemnización total de 15.2 millones de dólares entre ellos años 1997 y 2014. En el mismo artículo los contribuyentes declaran ni siquiera tener idea a nombre de quien han estado atribuyendo dinero para la solución de esos reclamos de acoso sexual.

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