El ministro
de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, dio los nombres de los titulares de
las nuevas entidades: en la Secretaría de Hidrocarburos estará Ramiro
Cazar, y el director de la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera
será Carlos Loor. Mientras que el ministro de Sectores Estratégicos, Jorge
Glas, indicó que la aplicación de la reforma permitirá al Estado acelerar la
negociación de los nuevos contratos con las firmas privadas que operan en el
país.
Este es el
primer cuerpo legal que entra por el Ministerio de la Ley desde que se
constituyó la actual Asamblea Nacional (julio 2008). La falta de quórum, por la
inasistencia del bloque oficialista, bloqueó el segundo debate de la norma
convocado para las 19h45 del domingo, a escasas cuatro horas de que se cumpla
el plazo para su tratamiento en el Legislativo.
Esa misma
noche, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, coordinador del Movimiento País,
explicó en rueda de prensa que la actitud de su bancada obedeció a la necesidad
de romper “una larga historia de saqueo a los recursos naturales, que se
materializaba a través de los contratos de participación, por lo cuales algunas
empresas se llevaban hasta el 82% del crudo ecuatoriano, con una ley que
permitió a algunas empresas forrarse de dinero cuando se elevaba el precio del
petróleo en el mercado internacional”.
Nada dijo de
los votos que se necesitaban para aprobar la ley (63); y que en las últimas dos
semanas no ha logrado conseguir el bloque oficialista por lo que se han
suspendido todas las sesiones convocadas. Esto sucedió en los casos de la ley
de Educación Superior y la de Régimen Monetario donde empataron 59-59 más
tres abstenciones, en tres ocasiones.
La oposición
calificó los continuos traspiés de Ley de Hidrocarburos como una maniobra
política. Denuncias de inconstitucionalidades, supuestas presiones de las
empresas petroleras y el bloqueo del debate, por más de una ocasión marcaron el
camino de esta norma, que fue enviada por el Ejecutivo con el carácter de
económico urgente, el 24 de junio pasado.
Las reformas
nacieron con inconstitucionalidades, según, el asambleísta Enrique
Herrería (PSC-Madera de Guerrero), pues hacen referencia al tratamiento de tres
materias: hidrocarburos, tributaria y laboral, lo cual está prohibido por la
Carta Magna. “Es una ley, que si hubiera un órgano de control constitucional
independiente, debería ser rechazada”.
Uno de los
principales cambios que plantea la ley es que los contratos pasan de una figura
de participación a otra de prestación de servicios. Los entes encargados de
contralar y adjudicar los contratos serán justamente la Secretaria de
Hidrocarburos y la Agencia de Control y Regulación.
“Lo más
grave (de la Ley) es que el Presidente de la República queda facultado para
disponer de los campos petroleros que actualmente se encuentran en explotación,
es decir, que son rentables y tienen reservas probadas, y que se los puede
entregar a compañías estatales de constitución mixta. Son compañías públicas
con capital privado, por lo tanto ahí habrá beneficiarios privados. Y al no
haber concurso de licitación no se sabrá si la oferta de estas compañías es la
más conveniente para el Ecuador”, señaló Herrería.
Con su
publicación en el Registro Oficial (prevista para esta semana) la Ley entra en
vigencia con el texto original que envió el Ejecutivo a la Asamblea, indicó el
asambleísta Patricio Quevedo (PSP). Así, quedan en la nada los cambios que se
hicieron dentro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario a la que él
pertenece y que considera fundamentales.
“Las utilidades
de los trabajadores, que todo pase por un comité de licitación y que no se
creará la Agencia de Regulación sino una Superintendencia. Y fundamentalmente,
que los contratos no se terminen unilateralmente sino por mutuo acuerdo. Pero
esa fue la mafia oficialista para que pasara al final por el Ministerio de la
Ley”, indicó Quevedo.
El ministro
Pástor, sostuvo ayer en una entrevista en GamaTV que hay varios aportes
‘positivos’ de la Comisión que serán tomados en cuenta para la elaboración del
reglamento. Desmintió además que la nueva Ley facilitará la adjudicación de
contratos ‘a dedo’. “El Estado ahora es dueño 100% del petróleo de los
contratos de prestación de servicios y toda la ganancia extraordinaria que se
produzca por el incremento de precios del petróleo va al Estado. En tercer
lugar se ha puesto orden en el sector institucional petrolero”, menciona el
funcionario.
Mientras que
el analista petrolero, Jorge Moreno, consideró que la Ley es lesiva para el
interés nacional, porque el grueso de la producción petrolera seguirá en manos
de las empresas extranjeras. “Hasta ahora el porcentaje de petróleo que iba a
las empresas era del 80 u 85%, dejando al Ecuador solo el 15 o 20%. Con la
reforma que acaba de imponer el Gobierno solo se sube al 25% la participación
para el Estado. Este porcentaje contradice lo que establece la Constitución que
dice que el Ecuador deberá tener mínimo el 51% de la producción petrolera. Se
ha cometido un nuevo atropello al interés económico”.
