Análisis del Buró de Información

Representantes de Derechos Humanos consideran que este es el momento oportuno para expresen sus opiniones respecto a la violación de esos derechos.

Una falta de protagonismo en los últimos tres años; que activistas de distintos grupos estén en el gobierno y que se intente controlar a las ONGs con decretos ejecutivos pone a debatir a representantes de estos grupos sobre un posible debilitamiento o falta de independencia. La Subsecretaría de DD.HH. asegura que no se quiere controlar fondos, ni estabilidad de esos grupos.

Los resultados de los informes sobre violaciones a los Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad y del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se conoció hace 11 días, revelan que el Ecuador no ha sido ‘la isla de paz’ tal como se calificaba al país desde afuera. Esto, porque según los representantes de Derechos Humanos  no se conoce a fondo sus problemas.

“El nivel de impunidad por todo tipo de muertes en el Ecuador es espeluznante. Por cada 100 muertes, se condena apenas a un perpetrador”, concluye en su informe Phillip Alston, experto de la ONU en ejecuciones extrajudiciales.

El funcionario extranjero enumeró además un sin número de violaciones de derechos humanos en su informe: muertes sin  resolver en la frontera norte, casos de sicariatos, excesos revelados por la Comisión de la Verdad, abuso en la calificación de crímenes como ajuste de cuentas, debilidad en el programa de protección de testigos y otros.

Todos estos resultados generaron un debate sobre qué han hecho las organizaciones de Derechos Humanos en los tres últimos años para denunciar esos casos. Pues no solo se revela la necesidad de que el Gobierno debe aplicar cambios estructurales para cambiar esa realidad, sino un debilitamiento de los grupos de Derechos Humanos, según Rommel Jurado, abogado experto en DD.HH y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Universidad Andina.

Explica que esto, en cierta medida, ocurre porque muchos de los cuadros de las organizaciones ahora trabajan en el Gobierno; y en otra medida porque toda la cooperación internacional para cuestiones de DD.HH pasa ahora por el Ministerio de Justicia.

Para Anaité Vargas, directora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), es probable que exista un debilitamiento, pero más que eso considera que los grupos no se han expuesto en el escenario coyuntural y sobre todo ante los Medios de Comunicación como refiere Jurado.

“Yo creo que todavía hay una visión sesgada, aún se identifica a los defensores de DD.HH. como defensores de delincuentes, y así sale ante la opinión pública. Pero cuando se habla de derechos humanos se habla de muchos temas que aún no son identificados como prioritarios, como el derecho a la Educación, a la salud, a la vivienda, entonces se dice que no están actuando las organizaciones de Derechos Humanos,  pero hay un trabajo que podría ser menos público, pero que va por otros procesos”, añade Vargas.

Lo que hay que tener claro, señala  Luis Ángel Saavedra, representante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos humanos (Inredh), es la función principal de estas organizaciones. “Lo que hacen son denuncias, investigaciones, informes, sacan a la luz los casos que la ciudadanía viene a presentar a estos organismos. Estos grupos no son cohercitivos, no son la Justicia, le corresponde a la Fiscalía investigar y resolver esos casos”.