Análisis

 

"Si uno mata a alguien en Ecuador existe alrededor del 1 por ciento de probabilidades de que lo condenen", dijo ayer Philip Alston, relator de la ONU.

¿Por qué está tan generalizada la impunidad en el Ecuador? En base a esa pregunta, Philip Alston, relator Especial de las Naciones Unidas, enumeró cinco factores que influyen en que la impunidad se haya convertido en un círculo vicioso en el país.

Alston, que arribó  el 5 de julio   para investigar asuntos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, expone como primer punto el miedo de los involucrados para denunciar los casos así como la poca efectividad del programa ecuatoriano para la protección de los testigos.  “Casi todos los testigos con los que hablé temen por su vida”, asegura Alston en el informe de 11 páginas que entregó ayer.

Según el informe muchos de los testigos que hicieron denuncias a la Policía o al Fiscal, sobre abusos, han recibido amenazas de muerte, pero lo más grave, es que los “perpetradores también presionan a la Policía, o a la fiscalía y a las autoridades judiciales”.

Del programa de protección de víctimas y testigos, que en Ecuador beneficia a 3.625 personas, destaca que ha sido ampliado y que se incrementó el presupuesto este año a casi un millón de dólares, en comparación con los $ 90 mil que tenía en el 2009. Pero le preocupa que el 20% de este grupo no esté en condiciones de tener una verdadera seguridad porque muchas de las víctimas, no conocen que el programa existe; y otras, no confían en él por su cercanía a  la Fiscalía y a la Policía.

“El programa  cuenta con su propia policía especializada en protección, pero su director reconoció que los propios testigos perciben dicha policía como un órgano sin la suficiente autonomía”, señala.

Pese a que destacó la figura del Defensor del Pueblo  en el seguimiento de los casos y representando a las víctimas, también lo menciona como otro  factor que considera débil, por las muy pocas facultades de este funcionario “para forzar a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones o respondan a sus solicitudes”.

Falta de recursos para las investigaciones

A las ‘precarias’ investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía las señala en un cuarto título. “Por su corrupción, por vínculos con el narcotráfico y con los GIA (grupo revolucionario) en las regiones el norte, por su ineficiencia, su falta de capacidad técnica y de capacitación, y por contratar al personal más sobre la base de contactos, que por mérito propio”, es que ambas instituciones recibieron críticas de sus interlocutores, dice el informe del Relator.

En Sucumbíos se evidenció un generalizado cuestionamiento por la falta de voluntad por parte de las autoridades provinciales “a la hora de cumplir con las funciones más básicas, como el recibo de denuncias o la investigación de alegaciones”, argumenta el informe.

También se refirió a las falencias técnicas para investigar los casos. “La capacidad balística, se introdujo apenas muy recientemente. La policía en algunas zonas regionales indicó que las autopsias se realizan de manera muy precaria, y que solo ahora se está introduciendo la capacidad para realizar análisis de ADN en Quito”, indica.  A esto, añade como una problemática, la falta de laboratorios legistas independientes cuando en los casos de abusos puede estar involucrado algún oficial o funcionario de alto rango.

Como ejemplo señala a la Fiscalía de Sucumbíos que cuenta con un médico legista que trabaja media jornada en Lago Agrio. “A menudo las víctimas se ven obligadas a sufragar los gastos de los servicios legistas. El costo puede estar entre $ 40 y $ 180, una suma exorbitante para la mayoría. Además, recibí pruebas bastante contundentes de informes médicos falsificados en casos delicados que involucran a las autoridades”, dice.