Salvador Pesántez   Nadie en su sano juicio estará en contra de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, como por ejemplo apoyando iniciativas sensatas que eviten la contaminación ambiental, que además es una obligación de todo buen ciudadano. Pero cuando advierte que las decisiones tomadas en las...

Salvador Pesántez

 

Nadie en su sano juicio estará en contra de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, como por ejemplo apoyando iniciativas sensatas que eviten la contaminación ambiental, que además es una obligación de todo buen ciudadano. Pero cuando advierte que las decisiones tomadas en las alturas son más para beneficio privado que público, la repulsa adviene de inmediato. Esto mismo ha pasado con medidas aparentemente convenientes para el pueblo pero que, por contra,  han causado molestias y perjuicios.

 

En la administración Municipal del arquitecto Fernando Cordero, se implementó un sistema de parqueadero rotativo en la ciudad, con el afán de mejorar el tráfico vehicular y poner orden al abuso de ciudadanos que hacían de las calles garajes privados. Se contrató una empresa extranjera, Autoparque, la que abusó con el bolsillo de la gente y los maltrató sin caridad, hasta que se levantó la ciudadanía y pese a tozudez de la autoridad, la Empresa tuvo que irse dejando malos recuerdos y lesionando mortalmente los intereses reeleccionistas del contratista. 

 

El sucesor, ingeniero Marcelo Cabrera, que supuestamente iba a dar un giro circulara a la gestión del antecesor, siguió con políticas similares. En el primer año de su administración constituyó la Corporación Cuencaire con el objetivo de “diseñar, promover e implementar políticas y acciones para mejorar la calidad del aire del cantón, protegiendo la salud y mejorando la calidad de vida de la población”. La finalidad fue  bendecida por moros y cristiano, porque se pensó que el ruido ensordecedor de los automotores iba a desaparecer, que el humo asfixiante de las unidades disminuiría a la mínima expresión, que los accidentes de tránsito disminuirían, etc. y etc.

 

Nada de eso ocurrió, lo único que pasó es la metida de la mano a los bolsillos del esquilmado ciudadano que paga 20 dólares por la revisión –si no es multado–, previo pasar las de Caín para recibir el visto bueno de la Empresa, cuyos funcionarios más que cumplir con la génesis del fin se limitan a ver un vidrio trisado, un foquito desgastado, las ruedas a medio andar, la marca de los repuestos…

 

Era voz populi la inconformidad de este abusivo sistema, hasta cuando un grupo de afectados y solidarios ciudadanos integraron una organización  veedora que planteó un recurso de protección  ante un juzgado de garantías penales, planeando la terminación del contrato para la revisión vehicular, que ha merecido un amplísimo respaldo popular.