Por su puesto que el llamado debe de ser enérgico,
porque no se puede combatir a un grupo delictivo si éste tiene la capacidad
para reproducir su violencia gracias a herramientas sanguinarias y al uso de la
intimidación para someter la voluntad estatal.
El problema de México ha dejado de ser estrictamente
nacional, esto, después de la masacre de 72 emigrantes provenientes de
distintos países de Centroamérica y Sudamérica, descubiertos la semana pasada
en un racho de Tamaulipas. Sin duda alguna el problema de México se ha vuelto
un problema regional.
Los carteles mexicanos nos sorprenden una vez más,
cuando se creía que no podían hacer nada que nos metiera en más problemas a los
mexicanos, lo hicieron. No sólo han pasado a ocupar el lugar que tenían los
colombianos, sino que son más sanguinarios que la Camorra Napolitana y la Cosa
Nostra italiana, que los Yakusa japoneses o que la Mafia Rusa, y lo que es
peor, no tienen ningún respeto por la ciudadanía, pues sus enfrentamientos al
aire libre dejan por demás claro que el gobierno no puede o no quiere
evitarlos.
De los cadáveres que hasta ahora se reconocen se sabe
que había 14 hondureños, 12 salvadoreños, 4 guatemaltecos y un brasileño. El
héroe de la historia, quien reveló el lugar y el móvil de los hechos, fue un
ecuatoriano de 18 años que sobrevivió a la masacre, gracias a él -esperemos-
este evento no quedará sepultado en las inmensas profundidades de la impunidad
y el olvido.
Ya se han alzado varias voces para condenar esta
masacre, los gobiernos centroamericanos y sudamericanos han elevado las
demandas al gobierno mexicano, en pro garantizar la protección de los Derechos
Humanos (DH) de los emigrantes, pero reconocen la lucha del gobierno federal,
bueno, de algunos sectores del mismo, pues se han develado cada vez más
violaciones a los DH de los emigrantes por parte de las autoridades “federales”
de migración en México.
Seguramente podremos profundizar en la problemática en
los próximos días, porque así pasa en México, no es sino hasta que ocurre una
tragedia cuando se comienza a revisar los niveles de confianza y seguridad de
las autoridades; hasta que se comienza analizar la existencia de redes de
corrupción y vínculos de autoridades con grupos del crimen organizado.
Apenas el sábado pasado, el presidente Felipe Calderón
dio por concluido el “Dialogo por la Seguridad”, donde resaltó la intensión del
gobierno de combatir al crimen bajo un esquema de seguridad ampliada,
multidimensional, en donde es imprescindible el uso de la fuerza estatal, pero
donde hay que atender a la esfera social en términos de más trabajos, mejor
educación, mayores oportunidades para los jóvenes, etc.
Los elementos jurídicos y las propuestas ahí están. El
dialogo nacional por la seguridad también. ¿Qué hace falta entonces?
El presidente reconoció que los embates entre las
fuerzas delictivas las debilitan, con la fuerza del estado esta ecuación
aumenta su potencialidad. Sin embargo, el pronóstico es que la violencia se
mantendrá e incluso aumentará. ¿Qué hará el gobierno para que la ola de
violencia, que perciben seguirá latente e incluso aumentara, no afecte a los
ciudadanos comunes? Dejamos abierta la reflexión.
