Frente
a los hechos de corrupción que se registran en la emisión de visas a ciudadanos
cubanos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Asambleísta
Francisco Ulloa, solicitó a la Controlaría General del Estado que se realice
una auditoría de gestión de todos las naturalizaciones realizadas por Juan
Xavier Aguiñaga, hermano de la Ministra de Ambiente.
El
2 de marzo de 2010, Ulloa solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores,
Ricardo Patiño, que detalle de manera fundamentada las acciones emprendidas por
esta Cartera de Estado, frente a las denuncias de irregularidades en los
procesos de otorgamiento de la declaratoria de nacionalidad ecuatoriana a
ciudadanos extranjeros, especialmente cubanos, que se han tramitado en Quito y
Guayaquil. Así como las causas de la remoción del cargo de Juan Xavier
Aguiñaga, de quien ya se conocía, tenía varios actos de corrupción.
“De
una manera por demás encubridora Ricardo Patiño, señaló únicamente que son 1436
naturalizaciones otorgadas por este funcionario, y que no existen denuncias
formales y oficiales de irregularidades, demostrando su intención de encubrir
estos actos de corrupción”, indicó Ulloa.
El
Asambleísta por la Provincia de Cotopaxi insistió, que al interior de esta
institución, se ha venido fraguando una red que tramitaba ilegalmente la
naturalización de cubanos/as, compuesta no solo por el ex Subsecretario del
Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por funcionarios del Registro Civil,
Notarías y abogados.
Esta
red bien organizada lograba en tiempo récord que los ciudadanos/as de
nacionalidad cubana que ingresaban al país, en pocos días sean casados o
declarada su unión de hecho, con ciudadanos/as ecuatorianos/as, y luego
inmediatamente ingresaban sus solicitudes de declaratoria de nacionalidad
ecuatoriana a la Subsecretaría Regional en Guayaquil a cargo del Abogado
Aguiñaga, para que sin revisión de la documentación fraudulenta y en trámites
sumarísimos, sean otorgadas las nacionalidades, de forma ilegal e
inconstitucional.
Es
necesario, insistió Ulloa, que la Fiscalía, Controlaría y demás entidades de
control investiguen y sancionen a los funcionarios del Registro Civil que
firmaban las actas de matrimonio, a los Notarios que firmaban las declaraciones
juramentadas de unión de hecho y a los funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores que tramitaban esas solicitudes, concluyó.
