Al campesino que tiene más de 25 hectáreas los revolucionarios
ciudadanos le castigaron con un impuesto directo sobre el tamaño de la tierra.
Está
discutiéndose un proyecto para expropiar a los agricultores que tienen
propiedades superiores a las 500 hectáreas. Alguna salvedad existe para la
producción agrícola que se encuadra dentro de la soberanía alimentaria.
El
pequeño campesino o agricultor está, por el momento, fuera de peligro. No corre
el riesgo que le cobren impuesto al minifundio ni que le expropien.
Dado
que solamente una minoría tiene propiedades de más de 25 o 500 hectáreas,
¿cuánto debe importar al resto lo que ocurra con esos campesino y
agricultores?. ¿Hay alguna razón para solidarizarse con ellos?.
Se
tiende a creer que si son ricos terratenientes es legítimo que paguen más
impuestos y que se les expropie.
En
la práctica, resulta que muchos son pobres, están endeudados, les falta
liquidez. Solamente unos pocos son productivos.
En
el Oriente, donde los colonos y los indígenas poseen, por lo general,
extensiones superiores a las 25 hectáreas, el Presidente está tan
preocupado con el impuesto a la tierra agrícola que, con el subterfugio de un
simple decreto ejecutivo, va a establecer una excepción a la Ley aprobada
por los inefables asambleístas, a fin de que no paguen tal
impuesto.
En
la sierra también hay problemas con los campesinos que son dueños de
tierras en las zonas aledañas a los páramos donde, en condiciones muy adversas,
crían ganado de carne, con mínimas ganancias. ¿Es justo que se les cobre un impuesto,
a sabiendas de las condiciones precarias en las que trabajan?.
Las
pocas haciendas superiores a 500 hectáreas son, en términos generales,
altamente productivas y abastecen tanto el mercado interno como el
mercado externo. Tienen inversiones significativas. Son verdaderas
empresas agrícolas. Si se expropian los excedentes, ¿a quienes se va a
repartir?. ¿A campesinos que desconocen el giro del negocio agrícola?. ¿A
allegados a la revolución ciudadana?.
Los
impuestos, para el contribuyente, no son incentivos sino castigos. De hecho, el
vigente impuesto a la tierra es una carga pública que soportan los agricultores
con propiedades mayores a 25 hectáreas.
La
expropiación es más que un castigo. Es una restricción al derecho a la
propiedad.
¿Qué
se busca con el impuesto directo a la tierra y las expropiaciones agrícolas?.
Marx,
el verdadero redactor del Manifiesto Comunista, pues, su amigo Engels se limitó
a firmar el documento final, sostuvo que la destrucción del capitalismo
pasaba por una serie de operaciones despóticas sobre el derecho de propiedad,
entre ellas, “la expropiación de la propiedad de la tierra y el empleo de la
renta que produzca en gastos del Estado; el impuesto fuertemente
progresivo; la abolición del derecho de herencia”.
La
revolución avanza paso a paso. ¿Es imposible que, dentro de algún tiempo,
el impuesto a la tierra ya no sea solamente para aquellos que tienen más de 25
hectáreas sino más de 10 hectáreas?. ¿Es, igualmente, imposible que, en el
futuro inmediato, se expropien haciendas, no de más de 500 hectáreas, sino de
150 hectáreas?. No es imposible. En uno y otro caso el fundamento es el
mismo: debilitar el derecho de propiedad.
Sobre
las tierras ubicadas en el campo existe un doble impuesto directo: el impuesto
predial y el impuesto sobre las 25 hectáreas.
¿Qué
tal si, en medio de un gran chuchaqui, los revolucionarios ciudadanos extienden
la figura del doble impuesto directo a las propiedades urbanas de ciertas
dimensiones?.
Nuestro Invitado:
Luis
Fernando Torres es presidente de la Corporación Autogobierno y Democracia.
Es
doctor en jurisprudencia, fue Presidente y fundador del Movimiento
suprapartidista CAMBIO republicano (2009). Se ha desempeñado como abogado
Patrocinador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington DC);
de la Corte Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional; Como asesor
Jurídico de la Presidencia de la República (1985-1987), presidente del Partido
Social Cristiano en la Provincia de Tungurahua; Alcalde de Ambato, por dos
períodos (1992-2000); Diputado por Tungurahua al Parlamento Nacional
(2002-2006) (2007-2011); editor de la Revista Debate Constitucional: derecho,
política, economía (www.cad.org.ec), entre otros.
